FALSOS HEREDEROS
Una anciana destapa el robo de 2,3 millones de euros tras descubrir que la dieron por muerta hace cuatro años
El empleado de una sucursal de Barcelona desviaba fondos de las cuentas de personas de edad avanzada, presuponiendo que habían fallecido. Un tercero falsificaba la partida de defunción y un falso heredero acudía a la entidad a retirar el dinero
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El pasado marzo, María, de 82 años, acudió a su entidad bancaria en Barcelona para pedir un duplicado de su libreta. Para su sorpresa, el empleado que la atendió, al buscar en la base de datos, vio que la titular de la cuenta había fallecido cuatro años atrás. ¿Cómo era posible? Ante la sorpresa de la anciana y del propio trabajador, después de que ésta acreditase ser la 'fallecida', el banco, Caixabank, comprobó que alguien había presentado un expediente de testamento en la sucursal, y que una supuesta heredera de María había hecho efectivo el cobro del saldo que atesoraba: un total de 140.000 euros.
Fue la propia anciana la que formalizó la denuncia ante los Mossos d'Esquadra. También la entidad afectada, y así la unidad de delitos económicos, que comanda el subinspector José Ángel Merino, ha desarticulado una red que desvió 2,3 millones de euros de cuentas bancarias bajo el mismo método: el de los falsos herederos. En la cúspide del entramado, un empleado de Caixabank, encargado de seleccionar a las víctimas. Escogía cuentas bancarias de personas de edad avanzada, con gran cantidad de dinero, y que no registrasen ningún movimiento durante los últimos años. Es decir, cabía la posibilidad de que hubiesen fallecido.
En siete de los casos fue así, los titulares de las cuentas habían muerto y nadie había reclamado el dinero, por lo que, falsificando ingente documentación y valiéndose de un tercero -distinto en cada una de las ocasiones-, pudieron hacerse con los fondos, pero con María cometieron un error. Fue así como arrancó la investigación, por la que la Policía catalana comenzó a rastrear los movimientos bancarios -con colaboración de la entidad- de posibles cuentas saqueadas con el mismo patrón. El rastro del dinero les llevó a descubrir un entramado, por el que los implicados blanqueaban los miles de euros sustraídos.
Primero, para poder cobrarlo, un falsificador, 'socio' del trabajador de Caixabank, se empleaba a fondo para crear los documentos a presentar ante la entidad. Y es que el empleado solo buscaba a las posibles víctimas, el resto del proceso lo verificaban en el banco, y era así como conseguían pasar todos los filtros. Para ello contrataban a personas que se hiciesen pasar por herederos del titular de la cuenta, y eran éstas quienes presentaban el testamento, el acta notarial de aceptación de la herencia, así como el registro del acta de últimas voluntades. Documentos falsificados con «gran pericia», constatan los investigadores. Incluso llegaban a presentar el certificado de pago del impuesto de sucesiones.
Aparentemente, no había ningún cabo suelto, hasta que María se presentó en el banco y, tras cinco años, la estafa saltó por los aires
Aparentemente, no había ningún cabo suelto, hasta que María se presentó en el banco y, tras cinco años, la estafa saltó por los aires. Los falsos herederos, que captaba el falsificador, cobraban una comisión de entre 4.000 y 5.000 euros por prestarse al fraude. Conseguían así, documentación mediante, retirar los fondos bancarios, que luego los estafadores blanqueaban a través de una inmobiliaria, que fundaron específicamente con ese fin. De ahí la importancia de seguir el rastro del dinero antes de poder detenerlos.
La unidad de delitos económicos descubrió que canalizaban los fondos a través de inversiones en inmuebles, sobre todo, en el Pirineo (Sort, Masella y Llívia), con «empresas de nuevas creación», con un «sofisticado mecanismo», ha precisado el subinspector Merino. También habían adquirido una docena de coches de alta gama, todos ellos intervenidos, así como otra docena de propiedades. Las inversiones resultaron «muy lucrativas», porque los bienes intervenidos superan el medio millón de euros.
Fue así, con todas las pruebas recabadas, como los Mossos explotaron la operación el pasado miércoles, 29 de noviembre. El caso se ha saldado con nueve detenidos, en Rubí, Tarrasa, Sabadell y Barcelona, acusados de estafa, falsedad documental, blanqueo y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición del juzgado de guardia de la capital catalana, han quedado en libertad con cargos. La Policía catalana sigue revisando ingente documentación para tratar de localizar a nuevas víctimas.
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