La iglesia Francesa y Española se va a desdibujar y no nos va a poder guardar, he vivido dos episodios horrendos en en la iglesia, una en la española y otra en la española, algún dia las escribiré en un libro junto con otras experiencias que tenga buenas o malas. Estan las dos, o por lo menos la primera, en mis llamadas de teléfono móvil, 2001 en Semana Santa y 2018 Agosto, en los dos casos los curas se vieron ssuperados por no tener jerarquía aunque debieran haber sido los que la tuvieran y en los dos casos quisieron ayudarme y no pudieron, pero esto no creo que se lo dejen ver. Los curas son militares y deben tomar las decisiones de sus diócesis junto con el Vaticano, lo que si le puede controlar el Estado es que sigue cumpliendo sus valores, liberarnos de esclavistas y malignos, et liberanos amen.
La laicidad francesa, ¿separación estricta entre el Estado y la religión?
8 mins - 13 de Diciembre de 2021, 18:37
En apenas seis meses tendrán lugar las elecciones presidenciales francesas y, desde hace algún tiempo, los partidos y sus candidatos se encuentran inmersos en una larga precampaña. Como viene siendo habitual en las últimas contiendas, los debates sobre el papel de la religión (especialmente el islam) en la vida pública ocupan un lugar prominente en las propuestas y en los discursos de los presidenciables. La mayoría lo hace enarbolando la laicidad como un principio republicano casi natural, lo que no deja de suscitar una cierta paradoja. Desde la extrema derecha (ahora bifurcada entre Marine Le Pen y Éric Zemmour) a la dividida izquierda, pasando por el centrismo gubernamental de Emmanuel Macron y la derecha tradicional, la laicidad aparece en todos los discursos.
A menudo, se presenta dicha laicidad como un modelo de estricta separación entre el Estado y la religión. Pero, precisamente, su omnipresencia en el debate político debiera hacernos reconsiderar tal afirmación. En este sentido, en este análisis se propone re-conceptualizar la laicidad francesa para entenderla como un régimen de gobernanza del hecho religioso profundamente intervencionista. Constituye así un marco en el que una serie de actores (políticos, sociales, religiosos, académicos…) participan, no sin tensiones ni conflictos, de la definición de la propia religión y de su espacio en la vida pública.
En primer lugar, es importante situar el régimen actual de laicidad como resultado de una serie de procesos históricos. Se debería evitar, sin embargo, considerarla como una consecuencia natural de la Revolución de 1789 o como una simple derivada más de la racionalidad ilustrada de los revolucionarios. Un análisis pormenorizado desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad deja entrever una realidad más compleja en la que la laicidad se implementa de manera progresiva, en paralelo a la construcción del Estado-nación moderno y a los conflictos que lo subyacen. De hecho, tal y como recuerda Jean Baubérot en su Histoire de la laïcité en France, no es hasta 1905 que ésta se establece por ley bajo la célebre fórmula "el Estado no reconoce ningún culto".
Las bases del actual régimen de laicidad se ponen, pues, a finales del siglo XIX y principios del XX, bajo la III República. La laicización es obra de unas élites políticas que buscan afianzar el Estado frente a otros poderes, como la Iglesia. En este contexto, no es de extrañar que el primer ámbito en el que se aplica esa laicidad sea el educativo, un espacio clave para la construcción de la Nación francesa y la ideología republicana. En este proyecto, la religión es considerada como un obstáculo y es sustituida por el culto a la racionalidad republicana. Éste es el espíritu de la llamada ley Ferry, aprobada en 1882 y que universaliza la educación primaria a la vez que pone coto a los particularismos regionales, lingüísticos o religiosos.
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Pero la acción del Estado no se limita a enviar la religión fuera de los confines de ciertos ámbitos, sino que participa activamente en la definición de sus límites y sus formas. La ley de 1905 es elocuente en este aspecto y, más allá de los principios que proclama, procede a un ejercicio de definición de lo que se considera como culto. Es más, en dicha norma, y a pesar de establecer su no reconocimiento, el Estado se reserva el papel de 'policía de las religiones'. El caso francés muestra, de esta forma, que la articulación del binomio religión-secularidad es un terreno paradigmático para observar, como diría Pierre Bourdieu, el poder coercitivo simbólico del Estado. La ley de 1905 no supone un punto culminante en el establecimiento del régimen de laicidad, sino que pone las bases, como se ha señalado, del papel intervencionista del Estado. En este sentido, si la religión queda definida como un asunto personal, la concepción de las dimensiones pública y privada sobre la que se articula no es ni homogénea ni atemporal, sino que es cambiante, sujeta a las situaciones históricas particulares e inscrita en las relaciones de poder que estructuran la sociedad.
Es, pues, bajo el paraguas establecido en 1905 que se suceden las discusiones sobre la aplicación concreta de la laicidad, así como su alcance e implicaciones. Éstas no son inmutables y el Estado francés, a través de los distintos actores y poderes que lo encarnan, ejerce su poder simbólico y coercitivo sobre el hecho religioso de múltiples maneras e incluso a nivel local, tal y como ha mostrado la socióloga Júlia Martínez-Ariño en la reciente monografía Urban Secularism. Asimismo, no deja de ser significativo que, a pesar de la centralización jacobina del modelo republicano, la laicidad no se haya aplicado nunca de manera homogénea en todo el territorio nacional. Aún a día de hoy, la ley sigue sin regir en toda la geografía francesa, existiendo en la región de Alsacia un régimen concordatario (similar al español), así como dispositivos derogatorios del régimen común en los territorios de ultramar.
Por otra parte, al tiempo que se ha avanzado en una laicización de las cuestiones morales (con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la igualdad del colectivo LGTBI…), el Estado ha seguido ejerciendo su papel de policía de los cultos que le otorga la ley de 1905. En este sentido, los sucesivos gobiernos de la V República han llevado a cabo una gobernanza del hecho religioso caracterizada por combinar una acción voluntarista a la vez que coercitiva. Estas políticas han contribuido a dibujar los límites y las definiciones de las propias religiones, así como la aceptabilidad y la legitimidad de sus expresiones públicas. Es en este contexto que se enmarcan estrategias como el observatorio interministerial contra las sectas, puesto en marcha en 1996. En la misma línea puede leerse también la ley de 2004 que prohíbe los símbolos religiosos "ostensibles" en las escuelas, hecha principalmente con el objetivo de desterrar el velo islámico de dichos espacios. Estas medidas se han implementado en paralelo a otras que han buscado, paradójicamente, organizar las religiones minoritarias, siendo el Estado un agente activo en la búsqueda de interlocutores y el establecimiento de instituciones representativas a imagen de la jerarquía católica, como bien muestra la creación del Consejo francés del culto musulmán (CFCM) bajo la tutela de Nicolas Sarkozy, entonces ministro del interior, en 2003.
Bajo el mandato presidencial de Macron que ahora termina, el Estado ha seguido ejerciendo este papel activo en el terreno religioso. Especialmente significativa ha sido la aprobación, en 2021, de la llamada ley contra el separatismo islámico, que establece varias y controvertidas medidas entre las que cabe destacar un "contrato de compromiso republicano" obligatorio para cualquier asociación que quiera optar a fondos públicos, así como poderes reforzados para el Ministerio del interior y las prefecturas para controlar, y potencialmente disolver, las entidades religiosas sospechosas o "radicales".
Llamativa ha sido también la reciente disolución del Observatorio de la Laicidad, un organismo autónomo dependiente del primer ministro puesto en marcha en 2013 bajo el mandato de François Hollande. Tanto el que fuera presidente del Observatorio como su coordinador eran constantemente señalados por opinadores y responsables políticos conservadores y de extrema derecha, pero también del campo progresista, por emitir recomendaciones e informes juzgados complacientes con algunas manifestaciones religiosas. Con estas decisiones, los ejecutivos de Macron se han instalado, pues, en lo que se ha llamado una laicidad dura, en contraposición a una línea más abierta y conciliadora, defendida por los antiguos responsables del Observatorio y por el propio presidente cuando era candidato. Es más, en el terreno simbólico y discursivo, algunos de sus ministros han promovido controversias surgidas en círculos de la extrema derecha, como fue el caso de la responsable de universidades cuando pidió al CNRS (organismo público de investigación equivalente al CSIC español) depurar las supuestas prácticas "islamo-izquierdistas" de las universidades.
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