viernes, 31 de enero de 2025

Varias personas intentar evitar el desalojo por parte la policía de una nave industrial okupada en Badalona.EP El seguro del alquiler del Gobierno solo se podrá pedir tras desalojar al okupa y apenas cubrirá un 15 % de los contratos

 




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Varias personas intentan evitar el desalojo por parte de la policía de una nave industrial Okupada en Badalona. PE

El seguro del alquiler del Gobierno solo se podrá pedir tras desalojar al okupa y apenas cubrirá un 15 % de los contratos


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Varias personas intentan evitar el desalojo por parte de la policía de una nave industrial Okupada en Badalona.

Varias personas intentan evitar el desalojo por parte de la policía de una nave industrial Okupada en Badalona. educación física

El seguro del alquiler del Gobierno solo se podrá pedir tras desalojar al okupa y apenas cubrirá un 15 % de los contratos

Los expertos inmobiliarios consideran que no mejora la seguridad jurídica y no ayudará a incrementar la oferta de viviendas

El Gobierno ha aprobado  una nueva línea de avales estatal  para  cubrir impagos en el alquiler  que va incluida en el nuevo decreto ómnibus pactado con Junts. Esta iniciativa formaba parte del paquete de 12 medidas anunciada por Pedro Sánchez, pero no fue hasta este martes –con el objetivo de conseguir el voto de los independentistas– cuando el  Consejo de Ministros  le dio el visto bueno.

Este seguro de impagos del alquiler tiene letra pequeña, porque, además de que la medida está destinada para aquellos propietarios que faciliten el acceso a la vivienda a los  menores de 35 años  oa las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, solo se compensará a los caseros que pongan una vivienda en alquiler a un precio que no supere el  índice estatal de referencia de precios  –un indicador aprobado recientemente para controlar el precio en zonas tensionadas y que está aún por definir–.

Otro de los requisitos para la obtención del aval es que se tendrá que  depositar la fianza legal  obligatoria del contrato de alquiler y sus actualizaciones, así como suscribir por arrendador y arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, según el modelo que la Administración ponga a disposición de la ciudadanía.

Además, la solicitud para el cobro de las cantidades debidas y avaladas se podrá realizar en los seis meses siguientes a que  se recupere la posesión de la vivienda , ya sea mediante resolución judicial de lanzamiento o acuerdo judicial o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la posesión. . .

Para los expertos inmobiliarios esta medida sigue redundando en la incertidumbre y  genera un clima de inseguridad  jurídica que dificulta el desarrollo del alquiler en España. « Incentiva a los que no pagan  la renta a no hacerlo, y les da un argumento para justificar el impago: el propietario va a cobrar del Estado, así que no sufre ningún perjuicio, y el Estado ayuda a los vulnerables frente a los especuladores, cuando la realidad es que el que impaga está incumpliendo la ley, los términos pactados libremente en un contrato de arrendamiento», asegura  Julián Salcedo , presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios en el Colegio de Economistas de Madrid.

«Este seguro se enfrenta al problema del impago, pero no pone solución al causante,  que es la okupación , ni a la limitación de precios», explica  Alberto Alonso , coordinador del  Observatorio del Alquiler . «En un contexto donde la destrucción de oferta de viviendas en alquiler es diaria, resulta más necesario que nunca incentivar a los propietarios para que puedan poner con seguridad más viviendas en el mercado», asegura, por su parte,  Carlos Sánchez , responsable del área jurídico de  Alquiler Seguro .

«Somos un favor de proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, pero  sin generar una relación asimétrica  entre propietario e inquilino, donde la vulnerabilidad tenga que pagarla un particular. No es el propietario quien debe soportar las situaciones de vulnerabilidad que muchas veces derivan en impagos», añade Sánchez.

Lo que es seguro es que, tal y como apuntan los expertos inmobiliarios, esta medida no mejora la seguridad jurídica y perjudicará aún más al mercado de alquiler de vivienda: no se pondrán muchos inmuebles en el mercado y se retirarán de la oferta otros tantos, frenando así la inversión de vivienda para destinarla al alquiler.  

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